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Cuando se acredite y pruebe que en el caso concreto no ha existido, en términos económicos y reales incremento alguno, la plusvalía no podrá exigirse, lo que ocurre siempre que se compre por un precio superior al precio de venta. Por ejemplo si usted compró en el año 2005 por 210.000 euros y vende en el año 2015 por un precio de 200.000 no tiene por qué pagar plusvalía aunque de tomos modos el ayuntamiento pretenderá cobrarla.

En estos caso, nuestro despacho se hace cargo del procedimiento de plusvalía sin que usted tenga que hacer ninguna provisión de fondos, desde el primer recurso del ayuntamiento hasta el último recurso ante los tribunales.

 

LIQUIDACION O AUTOLIQUIDACIOIN

 

En primer lugar hemos de ver si tenemos LIQUIDACION o autoliquidación, dado que en el primer caso se trata de un acto administrativo que hubo de ser recurrido en el plazo de un mes desde que se produjera la notificación por parte del ayuntamiento. Si transcurrido el mes no se ha ejercitado el recurso de reposición, entonces nos encontramos ante un acto firme contra el que no se puede formular rectificación. No obstante se pueden interponer otro tipo de procedimiento si bien solo podía hacerlo conforme a lo dispuesto en el artículo 221.3 de la Ley que establece que cuando el acto de aplicación de los tributos o de imposición de sanciones en virtud del cual se realizó el ingreso indebido hubiera adquirido firmeza, únicamente se podrá solicitar la devolución del mismo instando o promoviendo la revisión del acto mediante alguno de los procedimientos especiales de revisión establecidos en los párrafos a), c) y d) del artículo 216 y mediante el recurso extraordinario de revisión regulado en el artículo 244 de la Ley General Tributaria.

Si por el contrario tenemos AUTOLIQUIDACION, entonces el camino es mas sencillo. Debemos iniciar un procedimiento de rectificación y devolución de cobro indebido ante el ayuntamiento. El ayuntamiento, lo mas probable es que dicte un decreto desestimando la rectificación; contra dicho decreto podemos formular recurso de reposición contra el que el ayuntamiento podrá denegar expresamente o guardar silencio. En cualquier caso, contra el decreto desestimando el recurso de reposición habremos de formular contencioso administrativo ante los tribunales de justicia en el orden administrativo.

 

 

VISTO LO ANTERIOR, VEAMOS LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREMO

La Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 9 de julio de 2018, que ha venido a interpretar la sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017 que declaró la inconstitucionalidad del impuesto en determinados supuestos, dispone lo siguiente:

De la interpretación del alcance de la declaración de inconstitucionalidad contenida en la STC 59/2017 que acabamos de efectuar (parcial en lo que se refiere a los artículos 107.1 y 107. 2 a) del TRLHL y total en relación con el artículo 110.4 del TRLHL) resultan, en esencia, tres corolarios:

(1) primero, anulada y expulsada definitivamente del ordenamiento jurídico la prohibición que tenían los sujetos pasivos de probar la inexistencia de incrementos de valor en la transmisión onerosa de terrenos de naturaleza urbana ex artículo 110.4 del TRLHL, puede el obligado tributario demostrar que el terreno no ha experimentado un aumento de valor y, por ende, que no se ha producido el nacimiento de la obligación tributaria principal correspondiente al IIVTNU;A

(2) segundo, demostrada la inexistencia de plusvalía, no procederá la liquidación del impuesto (o, en su caso, corresponderá la anulación de la liquidación practicada o la rectificación de la autoliquidación y el reconocimiento del derecho a la devolución);

(3) tercero, en caso contrario, habrá de girarse la correspondiente liquidación cuantificándose la base imponible del impuesto de conformidad con lo previsto en los artículos 107.1 y 107. 2 a) del TRLHL (que, según hemos dicho, han quedado en vigor para los casos de existencia de incremento de valor). En relación con este último supuesto, esta Sala es consciente de que pudieran darse casos en los que la plusvalía realmente obtenida por el obligado tributario fuera tan escasa que la aplicación de los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL pudiera suscitar dudas desde la perspectiva del artículo 31.1 CE . La cuestión, sin embargo, no se nos ha planteado aún y tampoco ha sido resuelta por el Tribunal Constitucional en la STC 59/2017.

 

NATURALEZA DEL IMPUESTO

El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), comúnmente conocido como “plusvalía municipal”, es un tributo que grava el incremento que experimenta el valor de dicho terreno como consecuencia de su transmisión (ya sea por venta, donación o herencia) o la constitución de un derecho real limitativo de dominio (como un usufructo).

La plusvalía se calcula aplicando a la base imponible el tipo de gravamen fijado por cada Ayuntamiento. El tema controvertido aparece a la hora de calcular el importe de la base imponible (BI). Señala la ley que: La base imponible está constituida por el incremento del valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de 20 años.

Debe partirse necesariamente de la reciente Sentencia nº 37/2017 del Tribunal Constitucional, de 1 de marzo de 2017 (rec. 6444/2015). En lo que aquí interesa la  Sentencia señala que “(…) En definitiva, la circunstancia de que el nacimiento de la obligación tributaria se hiciese depender, entonces y también ahora, de la transmisión de un terreno podría ser una condición necesaria en la configuración del tributo, pero, en modo alguno, puede erigirse en una condición suficiente en un tributo cuyo objeto es el «incremento de valor» de un terreno. Así las cosas, al hecho de esa transmisión hay que añadir, por tanto, la necesaria materialización de un incremento de valor del terreno, exponente de una capacidad económica real o, por lo menos, potencial. Sin embargo, cuando no se ha producido ese incremento en el valor del terreno transmitido (como ha sucedido en el supuesto controvertido), la capacidad económica pretendidamente gravada deja de ser potencial para convertirse en irreal o ficticia, violándose con ello el principio de capacidad económica (art. 31.1 CE).” Concluye que “(…) debe insistirse en que el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana no es, con carácter general, contrario al Texto Constitucional, en su configuración actual. Lo es únicamente en aquellos supuestos en los que somete a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica, esto es, aquellas que no presentan aumento de valor del terreno al momento de la transmisión…” y que “(…)Por último, debe señalarse que la forma de determinar la existencia o no de un incremento susceptible de ser sometido a tributación es algo que sólo corresponde al legislador, en su libertad de configuración normativa, a partir de la publicación de esta Sentencia, llevando a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto que permitan arbitrar el modo de no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.” Por todo ello, en Sentencia de fecha de 11 de mayo de 2017 (Rec. 4864/2016) declara “que los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, son inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor.”

Es decir, el TC considera aceptable que se grave el incremento de valor puesto de manifiesto en la transmisión, y sólo desautoriza la fórmula en la medida en que pueda dar un resultado de gravamen cuando no ha habido incremento, lo que precisará de una regulación específica para establecer cómo se fijará todo esto. Pero la fórmula pervive siempre que haya incremento.

Cabe citar, igualmente, la Sentencia del TSJ de Madrid, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, de 11 de Diciembre de 2013 (rec. 767/2013), que al respecto de esta cuestión, concluyó:

“(…) Las consecuencias no pueden ser otras que las siguientes:

 1.ª) Cuando se acredite y pruebe que en el caso concreto no ha existido, en términos económicos y reales, incremento alguno, no tendrá lugar el presupuesto de hecho fijado por la ley para configurar el tributo (art. 104.1 LHL), y éste no podrá exigirse, por más que la aplicación de las reglas del art. 107.2 siempre produzca la existencia de teóricos incrementos.

 2.ª) De la misma forma, la base imponible está constituida por el incremento del valor de los terrenos, el cual ha de prevalecer sobre lo que resulte de la aplicación de las reglas del art. 107, que sólo entrarán en juego cuando el primero sea superior. Por tanto, seguirá siendo de aplicación toda la jurisprudencia anterior sobre la prevalencia de los valores reales, pudiendo acudirse incluso a la tasación pericial contradictoria, en los casos en los que se pretenda la existencia de un incremento del valor inferior al que resulte de la aplicación del cuadro de porcentajes del art. 107 en esta hipótesis, la base imponible habrá de ser la cuantía de tal incremento probado, sin que sea admisible acudir a fórmulas híbridas o mixtas, que pretendan aplicar parte de las reglas del art. 107 al incremento probado.”

Desde la famosa Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 18 de julio de 2013, Recurso 515/2011, Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, ha comenzado una doctrina que ya resulta imparable:

La conclusión de la Sentencia es la siguiente: cuando se acredite y pruebe que en el caso concreto no ha existido, en términos económicos y reales incremento alguno, la plusvalía no podrá exigirse. El Tribunal fundamenta su afirmación en que «el incremento de valor experimentado por los terrenos de naturaleza urbana constituye el primer elemento del hecho imponible, de manera que en la hipótesis de que no existiera tal incremento, no se generará el tributo y ello pese al contenido de las reglas objetivas de cálculo de la cuota del art. 107 LHL, pues al faltar un elemento esencial del hecho imponible, no puede surgir la obligación tributaria. En conclusión, la ausencia objetiva de incremento del valor dará lugar a la no sujeción al impuesto, simplemente como consecuencia de la no realización del hecho imponible, pues la contradicción legal no puede ni debe resolverse a favor del «método de cálculo» y en detrimento de la realidad económica, pues ello supondría desconocer los principios de equidad, justicia y capacidad económica.

En estos caso, nuestro despacho se hace cargo del procedimiento de plusvalía sin que usted tenga que hacer ninguna provisión de fondos, desde el primer recurso del ayuntamiento hasta el último recurso ante los tribunales.